El Gobierno de México reafirma que la atención al problema de la desaparición y no localización de personas es una prioridad nacional
Publicado el 30 de septiembre de 2026
El Gobierno de México reitera su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, y condena todo acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda.
En relación con el comunicado emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de México comparte información sobre los esfuerzos emprendidos para atender esta problemática. Cabe precisar que estos expertos ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas.
El Estado mexicano reconoce que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. Para atenderlos, en los últimos años se han implementado y fortalecido diversas acciones, reformas legales y políticas públicas dirigidas a combatir este delito.
La cooperación internacional es un componente central de este esfuerzo. De la mano de agencias de las Naciones Unidas, como la ONU-DH y el UNFPA, así como de la CIDH, se han fortalecido los mecanismos de asistencia técnica y capacitación para contar con mejores herramientas en la atención de este delito.
La atención a la desaparición de personas constituye una de las más altas prioridades nacionales, y el Gobierno de México mantiene plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos para compartir información sobre los avances alcanzados.
En este contexto, el Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras. Cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia. Por ello, autoridades del más alto nivel han recorrido el país para dialogar con las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan, y atender sus planteamientos.
Asimismo, el Gobierno de México reafirma que la búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas, que estas asumen plenamente. El país cuenta, además, con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito, que incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.
De igual forma, el Gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, trabaja para que ninguna agresión quede impune y para ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
El Gobierno ha consolidado la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas a través de 10 acciones:
1. La creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
3. La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
4. La creación de la Plataforma Única de Identidad.
5. La obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.
6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
7. El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado.
8. La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas.
9. La garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, y
10. La incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda.
Autoridades de todos los niveles respaldan la labor de las familias e integran sus propuestas en las políticas públicas. México reitera su apertura a la cooperación internacional y su disposición a seguir compartiendo información objetiva y verificable que contribuya a una valoración integral de los esfuerzos del país en esta materia.
Comunicado Conjunto 118
